Para cumplir con la legalidad vigente, todas las empresas, con independencia del tamaño de su plantilla deben contar con un Protocolo de Prevención y Actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo y el acoso virtual, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el artículo 12 de la reciente Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre.

Este protocolo responde a la necesidad de prevenir y sensibilizar contra las violencias sexuales en el ámbito laboral, y se convierten en el instrumento clave para erradicar conductas no deseadas, garantizar efectivamente la tutela de los derechos fundamentales y el derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.