I. El Blindaje Contractual ante la «Caída» de la Prórroga

Ante la incertidumbre generada por esta anulación, la autoridad laboral establece un criterio de actuación rotundo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y el tejido empresarial:

• Mantenimiento de los contratos vigentes: La desaparición abrupta de la prórroga no afecta a los contratos ya vigentes. Las empresas no pueden reducir la cuantía del salario de sus empleados bajo la premisa de que la norma que lo sostenía ha decaído, pues dicha remuneración se encuentra plenamente contractualizada.
• Blindaje de las nuevas contrataciones: Para aquellos contratos celebrados durante el breve lapso de tiempo en el que no hubo una norma de prórroga expresa, las empresas no deben tomar referencias inferiores al SMI vigente en 2025. La autoridad laboral recuerda que el SMI es un «suelo mínimo inderogable» y que su fijación anual es un deber ineludible del Gobierno para proteger los derechos constitucionales y cumplir con la Carta Social Europea.
• Irrelevancia de pactos en contrario: La fijación de salarios por debajo del umbral del SMI no será posible ni mediante el ejercicio del ius variandi empresarial, ni a través de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o descuelgues de convenios. 
• Efectos retroactivos: El nuevo Real Decreto de 2026 proyecta sus efectos de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2026, lo que obliga al abono de las diferencias salariales desde dicha fecha.
• Vigilancia Inspectora: Corresponde a la ITSS velar por el cumplimiento de estas normas, teniendo especial relevancia el derecho de las personas de percibir puntualmente la remuneración pactada sin que esta se sitúe por debajo del umbral legal en cada momento.