Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, que introdujo la obligación de registrar la jornada laboral diaria, se han evidenciado importantes limitaciones en la eficacia del sistema actual. Aunque el objetivo era claro —evitar excesos de jornada no retribuidos y mejorar el control de las horas extraordinarias—, la práctica ha demostrado que la normativa vigente no garantiza plenamente la protección de los derechos laborales.
Entre las principales insuficiencias detectadas destacan:

• Falta de trazabilidad y fiabilidad en muchos sistemas de registro, que permiten modificaciones sin control o no reflejan con precisión el tiempo efectivo de trabajo.
  ◦ Dificultades para la Inspección de Trabajo a la hora de verificar el cumplimiento, especialmente cuando los registros no son accesibles, están incompletos o no se conservan adecuadamente.
  ◦ Indefensión de los trabajadores, que en ausencia de un sistema robusto, se ven obligados a acreditar por su cuenta los excesos de jornada, con escasas garantías probatorias.
  ◦ Débil implementación del derecho a la desconexión digital, que sigue sin contar con protocolos claros en la mayoría de las empresas.
  ◦ Ausencia de criterios homogéneos sobre qué se considera tiempo efectivo, de disponibilidad, ordinario o extraordinario, lo que dificulta la interpretación y el control.
  Estas carencias han sido señaladas por la jurisprudencia nacional y europea, que reclama sistemas de registro objetivos, fiables, trazables y accesibles, como condición indispensable para cumplir con el efecto útil de las Directivas comunitarias sobre tiempo de trabajo y salud laboral.